El aseguramiento de los riesgos medioambientales encierra un indudable interés público por dos motivos fundamentales:

- Por la necesidad individual de los empresarios que desarrollan actividades potencialmente contaminantes, ya que la rápida sensibilización de la sociedad en relación con el deterioro del medio ambiente incrementa el riesgo de sufrir una reclamación en caso de provocar una contaminación no esperada.

- Por interés de las Autoridades, ya que el seguro constituye el elemento necesario para dotar a la regulación de las responsabilidades por daños medioambientales con un mecanismo de seguridad financiera y, a la vez, de eficaz incentivo a la prevención.

Esta situación de necesidad, contrasta sin embargo con el desigual desarrollo de este tipo de seguros en el mercado español, quedando patente la necesidad de dotar al mercado de una oferta para la cobertura de estos riesgos, sólida y estable en el tiempo; con fundamento técnico sólido y condiciones.

La fórmula asociativa resulta la más eficaz y así se ha demostrado en países como Francia, Italia y Holanda en, los que ya ha sido puesta en práctica y está produciendo efectos favorables para sus mercados respectivos.